El supremo reconoce el trabajo de igual valor: funcionarios a cobrar más y avanzar en su carrera
Madrid se ha convertido
en el epicentro de una batalla legal que redefine la equidad en la Administración Pública. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga a reconocer el trabajo de igual valor, no solo en el salario, sino también en la progresión profesional. Un fallo que, según el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, corrige años de injusticia.
La carrera administrativa, más allá del sueldo
La sentencia, número 1442/2025, desvelada el , se centra en el caso de una inspectora de Trabajo que, tras aprobar la oposición, fue destinada a un puesto con un nivel inferior al que realmente desempeñaba. El Supremo ha dado la razón a la inspectora, ordenando a la Administración a retroactivamente computar el tiempo dedicado a funciones de mayor nivel para la consolidación de su grado personal. Y, por supuesto, a pagar intereses por las cantidades adeudadas.
Este no es un caso aislado. La resolución del Alto Tribunal refuerza una doctrina ya establecida en , donde se señalaba que la identidad sustancial entre funciones de distintos niveles exige una compensación salarial acorde. Pero la novedad reside en ampliar esta compensación a la carrera profesional. Ya no basta con igualar el sueldo; hay que igualar las oportunidades de ascenso.
Lo que nadie cuenta es la frustración de muchos funcionarios que, durante años, han visto cómo sus esfuerzos y responsabilidades no se traducían en un avance profesional. Inspectores, profesores, técnicos. El Supremo les devuelve la esperanza. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social celebra la sentencia como una victoria para la justicia social. “Durante años, muchos inspectores han asumido cargas de trabajo superiores sin que esto se reflejara en su salario ni en su progresión”, afirma la organización.
El Gobierno, por su parte, ha reactivado la negociación para aprobar una jornada laboral de 35 horas para los funcionarios, una medida que, aunque separada de la sentencia del Supremo, busca modernizar el sector público. Una medida que, quizás, no aborde la raíz del problema: la valoración del trabajo.
La sentencia del Supremo no es solo una victoria legal; es un reconocimiento a la dignidad de los funcionarios y una llamada a la modernización de la Administración Pública. Un cambio que, aunque tardío, es necesario. La realidad del trabajo, y no la clasificación burocrática, debe ser la que determine la retribución y la progresión profesional. Un principio que, finalmente, ha prevalecido.
La cifra habla por sí sola: se estima que miles de funcionarios podrían beneficiarse de esta resolución, lo que representa un impacto significativo en las finanzas públicas y en la motivación del personal administrativo. El Supremo ha puesto de manifiesto una verdad incómoda: el valor del trabajo no se mide por un título, sino por su ejecución.