El supremo refuerza: igual salario por igual trabajo en la administración pública
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que redefine la relación entre función pública y reconocimiento profesional. Ya no basta con pagar complementos; el Supremo exige que el trabajo realizado en puestos de mayor nivel se refleje en la carrera administrativa del empleado.
El supremo reconoce el derecho a la retroactividad y a la progresión profesional
La resolución, número 1442/2025, desestima el recurso presentado por una inspectora de Trabajo y Seguridad Social que, tras superar la oposición, fue destinada a un puesto clasificado con un nivel inferior al de sus funciones. La inspectora demostró que, en la práctica, desempeñaba tareas propias de un inspector de nivel superior. El alto tribunal le concede el derecho a percibir las mismas retribuciones que sus compañeros de nivel superior, incluyendo complementos de destino y específico, desde septiembre de 2019, con el pago de los intereses correspondientes.
Esta decisión no es un caso aislado. El Supremo ya había sentado un precedente en 2022, estableciendo que la 'identidad sustancial' entre las funciones de puestos de diferente nivel obliga a pagar las retribuciones correspondientes al nivel realmente ejercido. La novedad radica en que ahora se extiende al ámbito de la carrera administrativa.
Lo que nadie cuenta es la frustración de tantos funcionarios que, al asumir responsabilidades superiores, ven su progreso profesional estancado por una clasificación de puestos que no refleja la realidad de su trabajo. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social celebra la sentencia, argumentando que corrige una situación histórica en la que la condición de nuevo ingreso justificaba un trato diferente, incluso cuando las funciones eran las mismas.
La sentencia del Supremo tiene implicaciones directas para la Administración Pública. Obliga a revisar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y a garantizar que la progresión profesional se base en el desempeño real, no en la mera denominación del puesto. El Gobierno, de hecho, ha reactivado la negociación para aprobar una jornada laboral de 35 horas para funcionarios, un movimiento que podría ser interpretado como una respuesta a las demandas de modernización y reconocimiento de la labor de los empleados públicos.
La cifra habla por sí sola: miles de funcionarios podrían verse beneficiados de esta resolución, que pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los sistemas de evaluación y promoción en la Administración. El Supremo no solo dictamina sobre salarios, sino que redefine la propia esencia de la función pública.
La realidad es que, durante años, la Administración ha priorizado la nomenclatura del puesto sobre la realidad del trabajo. Ahora, el tiempo de la igualdad de trato ha llegado, y la Administración deberá adaptarse a esta nueva realidad.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo no solo reconoce un derecho, sino que establece un nuevo estándar para la evaluación del desempeño en la función pública. Una decisión que, sin duda, tendrá repercusiones significativas en la carrera profesional de muchos empleados públicos.
El Supremo ha dado una lección contundente: el trabajo bien hecho merece ser reconocido, y eso incluye una remuneración y una progresión profesional acorde a la realidad.