Jornada de 35 horas para funcionarios: quiénes se quedan fuera y qué sigue

La nueva jornada laboral en la age: un avance con excepciones

La Administración General del Estado (AGE) se prepara para acortar la jornada laboral a 35 horas semanales, una medida que se espera implemente en marzo. Este cambio, resultado del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, afectará a aproximadamente 250.000 empleados públicos. La reducción implica una disminución de 2,5 horas semanales sin afectar el salario, pasando de 37,5 a 35 horas. Sin embargo, no todos los funcionarios se beneficiarán de inmediato.

¿Quiénes quedan excluidos de la jornada reducida?

La implementación de la medida se realiza a través de real decreto o instrucción ministerial, buscando evitar obstáculos presupuestarios. No obstante, hay importantes excepciones. El personal militar de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, quedan fuera por la necesidad de mantener horarios adaptados a turnos y guardias. También se excluyen a los empleados en centros docentes y sanitarios, incluyendo Ceuta y Melilla, donde la flexibilidad horaria es limitada.

La reacción de los sindicatos: exigencias y negociaciones pendientes

Los sindicatos, especialmente el CSIF (sindicato mayoritario), han expresado su preocupación por las exclusiones. Exigen que la medida se aplique a todo el personal de la AGE sin excepciones, y que se convierta en normativa básica. Se espera una nueva reunión el 23 de febrero para discutir posibles fórmulas de inclusión para estos colectivos. La negociación continúa, pero los sindicatos han marcado sus líneas rojas.

Las demandas sindicales más allá de la jornada laboral

Además de la inclusión de todos los empleados, los sindicatos plantean otras reivindicaciones importantes. Entre ellas, la regulación de la jubilación parcial anticipada, el desarrollo efectivo del teletrabajo (firmado en 2021 pero con aplicación desigual), la promoción interna, la actualización de indemnizaciones por razón de servicio y el refuerzo del sistema mutualista de Muface. Estas demandas buscan mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.

El proceso de implementación: pasos clave

Tras la mesa general de negociación estatal, cuyas fechas aún no están definidas, se emitirá una resolución de la Secretaría de Estado con instrucciones detalladas y adaptaciones necesarias para la cobertura del servicio. Posteriormente, la instrucción de jornadas y horarios de la AGE se publicará en el BOE. Se prestará especial atención a la ciudadanía y a la organización de los turnos de trabajo.

El futuro de la jornada laboral en el sector público español

La implementación de la jornada de 35 horas representa un cambio significativo en el sector público español. Aunque existen desafíos y negociaciones pendientes, la medida busca mejorar la conciliación laboral y la productividad. El seguimiento de la evolución de estas negociaciones y la implementación de la medida será crucial para evaluar su impacto real en los empleados públicos y en la calidad del servicio a la ciudadanía.